Fiscalía acusa a alcalde de Ixhuatlán de ordenar el secuestro y asesinato de la periodista Roxana Guzmán
VERACRUZ. La investigación por el secuestro y asesinato de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez, directora del portal Pulso Informativo del Sureste, dio un giro de alto impacto luego de que la Fiscalía General del Estado de Veracruz señalara como presunto autor intelectual al alcalde de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, emanado de Movimiento Ciudadano.
De acuerdo con la carpeta de investigación, el edil habría ordenado la privación de la libertad de la comunicadora tras enterarse de que presuntamente ella poseía una fotografía en la que aparecía portando un arma de uso exclusivo del Ejército, imagen que, según la Fiscalía, podía afectar su trayectoria política.
Las autoridades sostienen que Roxana Guzmán fue privada de la libertad el pasado 2 de junio en su domicilio, en el municipio de Nanchital. Posteriormente habría sido interrogada, golpeada y asesinada por integrantes de un grupo criminal con la presunta colaboración de policías municipales. Su cuerpo fue localizado semanas después en una fosa clandestina, tras haber sido incinerado.
Como parte del caso, la Fiscalía solicitó formalmente al Congreso de Veracruz iniciar el procedimiento de desafuero contra el presidente municipal para que pueda ser procesado penalmente. El Congreso ya dio entrada a la solicitud y abrió el procedimiento correspondiente, otorgando al alcalde un plazo para presentar su defensa antes de determinar si pierde la inmunidad constitucional.
Hasta el momento, ocho personas han sido vinculadas a proceso, entre ellas policías municipales y presuntos integrantes de un grupo delictivo, señalados por su participación en el secuestro y homicidio de la periodista.
El caso ha generado una fuerte reacción entre organizaciones defensoras de la libertad de expresión, al tratarse de una investigación que apunta a la posible participación de una autoridad municipal en el asesinato de una periodista. Además, vuelve a colocar a Veracruz y a México bajo el escrutinio internacional por la violencia contra comunicadores y la presunta colusión entre funcionarios públicos y grupos criminales.